LA INSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO

LA INSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO
Por: Daniel Cárdenas Lara.

La materia electoral es un tema que me ha apasionado a lo largo de mi vida profesional, creo que la verdadera libertad y democracia de un país se logra en la razón y en la medida en que se fortalecen sus instituciones electorales garantizando la certeza jurídica de que la voluntad del pueblo expresada mediante el voto será avalada por el Órgano Electoral y respetada por el Estado, el ejercicio electoral se encuentra estrechamente vinculado con el ejercicio de la soberanía.

La soberanía es la facultad del pueblo para hacer y aplicar sus leyes y es también su derecho de autodeterminación, es decir, de escoger y modificar libremente la forma en que habrá de ser gobernado; por eso quiero iniciar con una breve remembranza de la historia democrática del país.

Hace 100 años, el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renunció a la Presidencia y se fue del país. Francisco I. Madero resumió los ideales de una revolución singularmente política con el lema de “Sufragio Efectivo. No Reelección” es decir, la dictadura pertenecía ya al pasado y el pueblo podía elegir libremente a sus gobernantes.

Hoy a 94 años de haberse promulgado la Constitución que nos rige y tras haber sufrido importantes modificaciones acordes a las nuevas realidades sociales, políticas y económicas de México y del mundo; los ciudadanos, los partidos políticos, los grupos sociales más importantes, las propias fuerzas armadas y por supuesto el Gobierno en ejercicio, debemos asegurarnos de que prevalezca su carácter supremo por encima de los acuerdos político electorales, para privilegiar la eficiencia del Poder Ejecutivo, sin menoscabo de su responsabilidad frente al Poder Legislativo y con la exigencia de todo régimen jurídico de lograr en todo caso la autonomía del Poder Judicial.

El triunfo de la Revolución sienta las bases para consolidar un Estado Democrático para construir un Estado decidido a impulsar la creatividad individual y social, constituyéndose en un enérgico promotor de la justicia social. Es decir, un estado menos omnipresente, menos obsesionado por regir y reglamentar todos los terrenos del quehacer humano, menos discrecional en el uso del poder público.

No obstante el triunfo de la Revolución, México entro en una etapa conocida como la “dictadura disfrazada”; los procesos electorales eran regidos por el Poder Ejecutivo y fue hasta el sexenio del presidente Carlos Salinas en 1990, cuando se realizaron profundas y trascendentales reformas a la Constitución en materia electoral. A partir de ese momento, los ciudadanos mexicanos no sólo tenemos la capacidad política de votar y ser votados; si no que también tenemos la certeza de que la voluntad popular expresada mediante el voto directo, será reconocida y respetada por el Estado.

El 6 de abril de 1990 se sientan las bases para estructurar un nuevo organismo electoral que se encargará de organizar las elecciones federales y de sentar sus principios rectores; se establecen los medios de impugnación y se crea el Tribunal Electoral.

En la vida democrática del país, el derecho a la libre asociación política fortalece el pluralismo político y favorece la posibilidad de integrar nuevas asociaciones; la esencia democrática es el voto, de ahí la importancia de conocer su naturaleza y consecuencias; es decir, el voto establece las preferencias hacia candidatos, partidos y programas diversos; en el más amplio sentido de la palabra votar es tomar partido, escoger, enjuiciar y decidir.

De ésta manera la voluntad popular se conoce a través del voto de la ciudadanía, quien elige la estructura política de sus órganos fundamentales tanto federales como estatales y municipales; y a la vez escoge, al optar entre candidatos, partidos y propuestas, cómo desea que se integre y comporte ese cuerpo político equilibrando los poderes.

Quiero ser impulsor de la democracia para hacer efectivos en la práctica los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo que son los ejes rectores de todo proceso electoral. Guiando la acción de todos los participantes en la elección: autoridades, partidos políticos y ciudadanos; asegurando su realización jurídica en la estructura de los órganos electorales y en los términos que regulan el proceso electoral y cuya inobservancia por parte de los actores, servirán de base constitucional para la posterior acción contenciosa electoral.

Daniel Cárdenas Lara.

Xalapa, Veracruz. Agosto 31 de 2011